Autor: Maestro
en Derecho Héctor Alfredo Ramírez Cárdenas[1]
No somos pocos, quienes desde hace años venimos comentando que los pasivos
laborales de una centena de sistemas
públicos de pensiones carentes de
toda viabilidad financiera constituían una bomba de tiempo [2], una bomba de tiempo que hoy ya esta detonando,
y es que, es un secreto a voces, que ya no hay dinero para pagar las pensiones
de mas de cuatro millones de beneficiados, lo saben, lo han sabido los líderes sindicales, los
directivos empresariales y los funcionarios del gobierno, pero nadie ha querido
asumir el costo social y político.
En el caso
del sector público, no es sino el resultado de los excesos en las
prestaciones contractuales en los rubros de seguridad social de los contratos
colectivos de trabajo de PEMEX , CFE, IMSS, la extinta LUZ Y FUERZA DEL CENTRO,
etcétera, la parte “obesa” de las
“bondades” del gobierno en sus tres ordenes de gobierno con sus empleados y los de las paraestatales,
que hoy se endosan al gasto público.
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Cada año el gobierno toma una cifra creciente de
los impuestos federales, para cubrir obligaciones con al menos 105 fondos de
pensiones que se encuentran descapitalizados. Los sistemas de pensiones del
IMSS y el ISSSTE, los de los estados, universidades públicas, municipios y
otros, ya son subsidiados con recursos fiscales que afectan otras partidas de
las finanzas públicas. Actualmente el gobierno ya destina cerca del ocho por
ciento del presupuesto de egresos de la federación en subsidios adicionales
para fondear las pensiones.
El economista Pedro Vásquez Colmenares[3],
ya desde el 2012 alertaba: “El problema de las pensiones es como una gran
chequera social, (los desembolsos) ya tienen nombre, monto y fecha, pero no nos
hemos preocupado por revisar el saldo. En esta misma década se puede vulnerar a
los trabajadores en sus sistemas de pensiones. La sociedad tiene que solucionar
el problema aceptando el reto. Durante muchos años lo que han hecho es poner en
riesgo a los trabajadores y eso es una realidad: la insolvencia ya está aquí y
todo el sistema presupuestal está destinando cada vez más recursos a las
pensiones en ayuntamientos, dependencias federales y otros.”
De acuerdo a economistas
relacionados con esta realidad de las finanzas públicas ligadas a las
prestaciones sociales y a los fondo de jubilaciones y pensiones de “todo el
sector público”, la cifra absoluta es escandalosa
porque representa el 20 por ciento del
Producto Interno Bruto nacional.
Dicho de otra manera, los
“pasivos laborales” relacionados a prestaciones sociales ligadas a las
pensiones y jubilaciones, junto con otras prestaciones, están relacionadas con
los afiliados al ISSSTE, IMSS,
instituciones sociales de estados y municipios, todo aquel servidor
público, incluidos los maestros, le cuestan al país 20% del PIB, un billón de
pesos por cada punto porcentual.
El tema ha salido a relucir,
porque hoy nuestros legisladores nos han
salido con la propuesta de asumir como
deuda publica los pasivos laborales- exclusivamente- del sector
energético, pero ello es simplemente una
tomada de pelo, esto es, mucho ruido y pocas nueces, que apenas y toca una
punta de la madeja de tan escabroso tema, y es que la tan aludida y discutida propuesta, por lo menos originalmente, se
traduce en que nuestros sesudos legisladores en un artículo transitorio a los cambios de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos
aseveran que:
“El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación
de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que
correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos…”. Enfatizo
que el texto dice “podrá” y no
“deberá”
Adelante
viene la condición: “…siempre que dentro del año siguiente a la entrada en
vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable a la empresa”.
Y más abajo
aparece en qué sentido debe darse la modificación: “…deberá conllevar en el
mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa… y deberán contemplar,
al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso
sean financiadas bajo esquema de cuentas individuales”.
Pero el
texto es aún más preciso: “la proporción de la obligación de pago que
en su caso asuma el Gobierno Federal será
por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral”.
Dicho de
otro modo, lo que dicha ley propone es que el gobierno federal “pueda” asumir
el compromiso de pagar las pensiones y jubilaciones de los actuales trabajadores de Pemex
que próximamente estén en condiciones de
hacerlo, siempre y cuando, Pemex logre modificar su contrato colectivo de
trabajo, y en él, conjuntamente con el sindicato se adopte un sistema de capitalización de
pensiones, esto es, optar por el sistema de cuentas individuales.
La pregunta
es obvia ¿Lo aceptará el sindicato?, ¿Podrá Pemex o el gobierno federal
doblegar a un sindicato tan poderoso?
Pero, aun
de ser así, que hay de los demás
trabajadores del sector
público, llámese Federación, estados, municipios, universidades, organismos
autónomos, desconcentrados y descentralizados, ellos también podrán exigir
ahora su salvamento y rescate fiscal, pues tanto derecho a garantizar su retiro
laboral tienen los trabajadores de Pemex y CFE, como el resto de los
trabajadores del sector público, en los tres órdenes de gobierno.
Esta por ejemplo el caso del
IMSS en el que su pasivo laboral
ascendió a 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado;
y casi la mitad (48 por ciento) del presupuesto de Egresos de la Federación del
2013, de acuerdo al informe financiero anual presentado por su director al
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2013-2014.
Según informó el propio instituto, en 2013 su pasivo laboral fue de
2.7 billones de pesos. De este total, 29 por ciento está a cargo de las
obligaciones del IMSS como asegurador, es decir, aquellos compromisos que tiene
con sus pensionados y trabajadores con derecho a jubilarse a futuro, de acuerdo
a lo estipulado por la ley del seguro social.
Entre tanto, el restante 71 por ciento del pasivo proviene de los
compromisos laborales que corresponden al IMSS como patrón, es decir los
beneficios que recibe cada pensionado y/o trabajador con derecho a pensión
derivado de su contrato colectivo de trabajo. El informe señala que en los
próximos años el uso de las reservas técnicas seguirá
al alza, pasando de 15 mil 80 millones de pesos al cierre de este año a 21 mil
609 pesos en 2016. Esta situación hará que si no se toman medidas de fondo, en
este último año se agoten los fondos del Reserva Financiera y Actuarial,
colocando en una situación de inviabilidad operativa a la institución.
El problema es muy grave, y
no es con reformas timoratas o a medias como se va a resolver. El problema de
pensiones trasciende la seguridad social y alcanza al de las finanzas públicas
y al de la política, la crisis de las pensiones ya está aquí, y exige
soluciones más drásticas. La realidad es que como ya lo anotaba, no hay fondos
de pensiones, no se ahorró; se está tomando del presupuesto federal, estatal y
municipal para pagar las pensiones, y por lo tanto son esos niveles de gobierno
y nadie más quienes tienen que responder.
El gobierno los actores políticos y las organizaciones
de trabajadores se tienen que poner las pilas y con una estrategia de altura, comenzar
a revisar sus contratos colectivos, donde se respeten
los derechos adquiridos de jubilados y de los trabajadores actuales, pero se
modifique las condiciones de jubilación y prestaciones de los nuevos y futuros
trabajadores. Así, las aportaciones de los trabajadores y de las empresas
paraestatales o instituciones gubernamentales serían suficientes para resolver
los pasivos laborales históricos que no serán incorporados a la deuda soberana
y, por la otra parte, se daría viabilidad y fortaleza al sistema de pensiones
actual.
El gobierno federal tiene una muy grave y urgente
responsabilidad sobre todo si partimos de la ineludible premisa de que los
déficit pensionarios son responsabilidad de los gobiernos, los patrones y los
trabajadores beneficiarios, no de los contribuyentes en general, y bajo este
supuesto no pueden seguirse cubriendo del dinero de todos los mexicanos, y en
detrimento de múltiples servicios públicos.
H.A.R.C
[1].- Abogado con maestría en Derecho Privado por la
Universidad Iberoamericana Puebla, Catedrático
titular de las
materias de Derecho del trabajo y
de Derecho de la Seguridad Social, en la
Universidad de las Américas , Universidad Anáhuac, y Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla;
Catedrático en la
maestría de Derecho
Fiscal en la
propia Universidad Popular
Autónoma del Estado de
Puebla, Asesor, capacitador, y conferencista de Coparmex, Canacintra y
otros organismos empresariales. Del año 2006 al 2012 se desempeño como titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos en
la Delegación Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy en día
esta dedicado a la docencia, y es socio director del Bufete Asesoría Jurídica
Familiar, y la empresa Investigación y capacitación empresarial S.C. empresa
líder en capacitación, y asesoría empresarial. http://mx.linkedin.com/in/ramirezcardenasalfredo/
[2] .-
“Los pasivos laborales del sector
publico, una bomba de tiempo” Ramírez Cárdenas Alfredo, Editorial
Popocatépetl, México. 2005
[3] “Pensiones en México, la próxima crisis”, Vázquez Colmenares Pedro, Siglo XXI editores,
México, 2012
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